El dinero sí da la salud y la educación

Hoy 17 de Mayo de 2012, curiosamente día mundial de la hipertensión, está previsto que el poder legislativo dé el visto bueno en el congreso a la situación de urgencia que lleva a plantear ‘medidas para garantizar la sostenibilidad‘ del Sistema Nacional de Salud y una ‘racionalización del gasto‘ en el Ámbito Educativo (obsérvense los eufemismos).

Digo dar el visto bueno a la situación de urgencia y no a las medidas porque la forma elegida por el gobierno para legislar ha vuelto a ser una vez más el Real Decreto Ley, norma jurídica dictada por el ejecutivo en caso de extraordinaria y urgente necesidad que no contempla la posibilidad de ser debatida en el congreso por el resto de grupos, a los que no se les ha hecho partícipes y que reiteran la ausencia de diálogo con un gobierno legitimado por menos de la tercera parte del censo español, que puede tomar y toma las decisiones en solitario.

La modificación de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que constituye un salto atrás en el tiempo de un cuarto de siglo, surge una vez más como respuesta a la situación en la que se encuentra el erario público y se traduce en una nueva vía de recaudación, otra más, para satisfacer la carestía de fondos del Ministerio de Hacienda, verdadero impulsor de la iniciativa por no recaudar lo suficiente de quienes tiene que hacerlo.

En cuanto a las disposiciones del nuevo decreto, el mayor palo que se le va a pegar al ciudadano, especialmente a los enfermos crónicos y a las rentas más bajas, es la articulación de los servicios en tres modalidades: básica, suplementaria y accesoria.

La básica va a estar cubierta de forma completa por financiación pública, y habrá que comprobar en la práctica a qué se refiere exactamente el gobierno con ‘actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como transporte sanitario urgente’.

Las modalidades suplementaria y accesoria -a lo mejor con el tiempo aparecen también la complementaria, la adicional o la circunstancial-, van a estar sujetas a aportación y/o reembolso por parte del usuario para financiar la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, los productos dietéticos y el denominado transporte sanitario no urgente. Lógicamente y dada la situación actual, la inclusión de estos servicios en modalidades de pago, copago o repago -como se prefiera-, va a representar para muchas personas un obstáculo insalvable a la hora de acceder a los tratamientos.

Se trata de limitaciones muy serias en cuestiones como el transporte sanitario, imprescindible para muchos tratamientos como diálisis o los requeridos por enfermos oncológicos. Este gobierno opta por reducir los recursos destinados a sanidad, para no tener que cubrir con financión pública la totalidad de la atención sanitaria, en lugar de de erradicar el fraude fiscal en el que España es el líder de los países desarrollados, reforzándose incluso la legalidad para favorecer las escapatorias.

Hay que reseñar también, que la asistencia sanitaria que antes se dispensaba a todos los ciudadanos pasará a ser garantizada únicamente a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado (o beneficiario), cuyo reconocimiento y control corresponderá al INSS, dejando abierta la posibilidad de pagar una cuota por la suscripción de convenios especiales (sin especificar), lo que habilita la aparición de modelos de seguros diferenciados para diferentes grupos de población en relación a sus posibilidades económicas.

Entre las personas que se quedarán sin asistencia sanitaria figuran aquellas que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo y no figuren inscritas en la oficina correspondiente como demandantes de empleo, así como los extranjeros no regularizados, que tendrán limitada la atención sanitaria a los casos de urgencia, embarazo, parto y post-parto, o minoría de edad. En cualquier caso se podrá recibir asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación.

Como se puede apreciar, se trata de una medida profundamente regresiva desde el punto de vista humanitario, del de la salud publica (pues se aumenta el riesgo de focos de enfermedades infeccioso-contagiosas) y del sanitario (se dejan las urgencias como el único punto de atención sanitaria para muchos, lo que aumentará la presión asistencial en las mismas). Tampoco hay que olvidar que el gasto sanitario de los inmigrantes era bajo y que la crisis económica colabora en la reducción del número.

Por otro lado, las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, no verán modificado su régimen de asistencia sanitaria, debiendo ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades. Como no podía ser de otra manera, se mantiene el trato de favor.

En cuanto al denominado ‘turismo sanitario‘ (en alusión a los extranjeros miembros de la Unión Europea o con autorización para residir en España) las modificaciones son mínimas, manteniendo la incapacidad para registrar y facturar la atención prestada como el principal problema.

Resulta insultante que se promulgue una ley con la excusa de ‘garantizar la sostenibilidad’ del Sistema de Salud que encierra medidas para empezar a desmantelarlo. Para conocer al detalle las nuevas disposiciones podéis vistar la ley aquí. Eso sí, tendréis que digerir la infumable parrafada donde se pretenden justificar las medidas recurriendo al argumento de que otros países de la Unión Europea ya ‘gozan’ de esta situación -además de repetir hasta la saciedad las palabras sostenibilidad y viabilidad-.

¿Vamos a ceder nuestros logros y ponernos a la altura de países que nos envidiaban por lo que teníamos? ¿Lo vamos de hacer de la mano de los supuestos patriotas? Parece ser que sí, que este será su nuevo hito en la historia, que se sumará a la larga e interminable lista de privatizaciones de recursos estatales en su incansable búsqueda de una nueva forma de esclavitud.