Hoy 17 de Mayo de 2012, curiosamente día mundial de la hipertensión, está previsto que el poder legislativo dé el visto bueno en el congreso a la situación de urgencia que lleva a plantear ‘medidas para garantizar la sostenibilidad’ del Sistema Nacional de Salud y una ‘racionalización del gasto’ en el Ámbito Educativo (habreis observado los eufemismos). Y digo dar el visto bueno a la situación de urgencia y no a las medidas porque la forma elegida por el gobierno para legislar ha vuelto a ser una vez más el Real Decreto Ley, norma jurídica dictada por el ejecutivo en caso de extraordinaria y urgente necesidad que no comtempla la posibilidad de ser debatida en el congreso por el resto de grupos, a los que no se les ha hecho partícipes y que reiteran la ausencia de diálogo con un gobierno legitimado por menos de la tercera parte del censo español, que puede tomar y toma las decisiones en solitario.
La modificación de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que constituye un salto atrás en el tiempo de un cuarto de siglo, surge una vez más como respuesta a la situación en la que se encuentre el erario público y se traduce en una nueva vía de recaudación, otra más, para satisfacer la carestía de fondos del Ministerio de Hacienda, verdadero impulsor de la iniciativa por no recaudar lo suficiente de quienes tiene que hacerlo.
En cuanto a las disposiciones del nuevo decreto, el mayor palo que se le va a pegar al ciudadano, especialmente a los enfermos crónicos y a las rentas más bajas, es la articulación de los servicios en tres modalidades: básica, suplementaria y accesoria. La básica va a estar cubierta de forma completa por financiación pública, y habrá que comprobar en la práctica a qué se refiere exactamente el gobierno con ‘actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como transporte sanitario urgente’. Las modalidades suplementaria y accesoria -a lo mejor con el tiempo aparecen también la complementaria, la adicional o la circunstancial-, van a estar sujetas a aportación y/o reembolso por parte del usuario para financiar la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, los productos dietéticos y el denominado transporte sanitario no urgente. Lógicamente y dada la situación actual, la inclusión de estos servicios en modalidades de pago, copago o repago -como se prefiera-, va a representar para muchas personas un obstáculo insalvable a la hora de acceder a los tratamientos. Se trata de limitaciones muy serias en cuestiones como el transporte sanitario, imprescindible para muchos tratamientos como diálisis o los requeridos por enfermos oncológicos. Este gobierno opta por reducir los recursos destinados a sanidad, para no tener que cubrir con financión pública la totalidad de la atención sanitaria, en lugar de de erradicar el fraude fiscal en el que España es el líder de los países desarrollados, reforzándose incluso la legalidad para favorecer las escapatorias.
Hay que reseñar también, que la asistencia sanitaria que antes se dispensaba a todos los ciudadanos pasará a ser garantizada únicamente a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado (o beneficiario), cuyo reconocimiento y control corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dejando abierta la posibilidad de pagar una cuota por la suscripción de convenios especiales (sin especificar), lo que habilita la aparición de modelos de seguros diferenciados para diferentes grupos de población en relación a sus posibilidades económicas.
Entre las personas que se quedarán sin asistencia sanitaria figuran aquellas que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo y no figuren inscritas en la oficina correspondiente como demandantes de empleo, así como los extranjeros no regularizados, que tendrán limitada la atención sanitaria a los casos de urgencia, embarazo, parto y post-parto, o minoría de edad. En cualquier caso se podrá recibir asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación.
Como se puede apreciar, se trata de una medida profundamente regresiva desde el punto de vista humanitario, del de la salud publica (pues se aumenta el riesgo de focos de enfermedades infeccioso-contagiosas) y del sanitario (se dejan las urgencias como el único punto de atención sanitaria para muchos, lo que aumentará la presión asistencial en las mismas). Tampoco hay que olvidar que el gasto sanitario de los inmigrantes era bajo y que la crisis económica colabora en la reducción del número.
Por otro lado, las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, no verán modificado su régimen de asistencia sanitaria, debiendo ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades. Como no podía ser de otra manera, se mantiene el trato de favor. En cuanto al denominado ‘turismo sanitario’ (en alusión a los extranjeros miembros de la Unión Europea o con autorización para residir en España) las modificaciones son mínimas, manteniendo la incapacidad para registrar y facturar la atención prestada como el principal problema.
Resulta insultante que se promulgue una ley para ‘garantizar la sostenibilidad’ del Sistema de Salud que encierre medidas para empezar a desmantelarlo. ¿Siguen pensando que somos tontos? Para conocer al detalle las nuevas disposiciones podeis vistar la ley aquí. Eso sí, tendreis que digerir la infumable parrafada donde se pretenden justificar las medidas recurriendo al argumento de que otros países de la unión europea ya ‘gozan’ de esta situación -además de jugar una y otra vez, como siempre, con las palabras sostenibilidad y viabilidad-. ¿Vamos a ceder nuestros logros y ponernos a la altura de países que nos envidiaban por lo que teníamos? ¿Lo vamos de hacer de la mano de los supuestos patriotas? Parece ser que sí, que este será su nuevo hito en la historia, que se sumará a la larga e interminable lista de privatizaciones de recursos estatales en su incansable búsqueda de una nueva forma de esclavitud.
Ser patriota significa, por definición, procurar el bien de tu patria. Y en los tiempos que corren, nadie puede negar que el bien de la patria está subordinado a la situación económica que a su vez depende del panorama legislativo y la judicatura. Pues bien, los abanderados del patriotismo español defienden que, para la consecución de ese bienestar del conjunto del territorio, una minoría de la patria -ellos mismos, por ejemplo- debe controlar la riqueza y ostentar los poderes de forma totalitaria. La idea es dejarlo todo en unas pocas manos, para que éstas administren, generosamente, riqueza y justicia. El resto de ciudadanos deberá poner, por su parte, la confianza.
Hasta ahí, la teoría, que podría estar bien, si la práctica no fuera tan diferente. La realidad es que ese patriotismo ha demostrado una y otra vez ser un patriotismo fingido, una excusa para practicar el nepotismo (desmedida preferencia dada a los parientes para las concesiones o empleos públicos), perdiendo por tanto toda credibilidad y arrancando de cuajo, al ciudadano, la confianza. Y es que existen un sinfín de rastros, dejados por el máximo exponente del patriotismo español en democracia, el Partido Popular, que demuestran que lo que se practica en España no es un patriotismo sano, que no se procura el bien de la patria, sino el beneficio particular.
Tras alcanzar el poder por primera vez, durante la IV Legislatura (1996-2000), la tónica dominante fue la privatización de empresas como Repsol, Endesa, Telefónica, Argentaria (fusionada en 1999 con BBV), Enagás, Aceralia, Tabacalera, Iberia o Santa Bárbara (suministradora de las Fuerzas Armadas), algunas de las cuales funcionaban satisfactoriamente y las que no, aumentaron escandalosamente el valor de sus acciones poco después. Si teníamos la gallina de los huevos de oro ¿por qué no terminó rentando a la patria? Reseñar que, por supuesto, dichas empresas han funcionado siempre como pasarela para los altos cargos públicos y reservan valiosos puestos como consejeros cuando se abandona el poder.
Durante la V Legislatura (2000-2004), con la participación bursátil del Estado reducida del 10,87% en 1996 al 0,52% en 2004, las sanas intenciones de los patriotas les llevan a legislar en favor de los contratos temporales y el abaratamiento del despido con salarios a la baja tras abrir las puertas a la inmigración para lograr la depreciación de la mano de obra. Una reforma laboral precursora de la actual, aunque aquella sin la crisis como excusa, lo que demuestra que la de ahora llega para quedarse. Durante este período el partido popular acrecenta el distanciamiento económico y social entre empresarios y empleados, patronos y obreros, y deja como herencia el problema de la inmigración. Muy patriótico, sí señor.
¿Y qué les queda ahora por explotar para procurar el bien de la patria? Pues ahora, con la crisis como justificación se plantea definitivamente la anhelada reforma laboral, con despido y contratación al antojo de la patronal, y dejando al trabajador español sin ningún tipo de garantía para su futuro. Y como el consumo de la mayoría se ve forzosamente reducido y limitado casi exclusivamente a las necesidades básicas como la alimentación, la electricidad, el agua y los combustibles, a los patrióticos depredadores, para ir sobre seguro, sólo les queda acudir a la educación y la salud públicas, algo que ellos no necesitan pero que tratan de monopolizar desde hace ya tiempo con empresas como Capio Sanidad, flagrantemente vinculada al “partido del pueblo” y dependiente del grupo CVC Capital Partners con sede en un paraíso fiscal como Luxemburgo. Todo por la patria.
Recientemente habreis podido percibir un eco que repite el nombre del actual Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig. Este eco, que empezó a escucharse en el año 2005 tras el hundimiento del túnel de metro del Carmel en Barcelona, obra de cuya dirección era responsable el entonces consejero de obras públicas, ha ido acrecentándose de forma exponencial a lo largo de los últimos años, con actuaciones con el inconfundible sello del señor Puig. Las últimas, la respuesta policial indiscriminada a las manifestaciones del pasado 29 de Marzo con motivo de la huelga general, o el brutal desalojo de la Plaça de Catalunya, el 27 de Mayo de 2011, de la manifestación pacífica 15-M, donde se tuvo y mantuvo la desvergüenza de culpabilizar de los hechos a los acampados, que como todo el mundo vio, ejercieron una resistencia pasiva a desalojar la plaza. Como se suele decir, además de puta, poner la cama.
Este singular ¿político?, que ha sido y será alto cargo de todo lo habido y por haber, siempre vinculado a Convergencia, partido que se autodenomina “de centro” con el mismo entusiasmo que Aznar, está empeñado en hacer creer a un sector de la ciudadanía -a los que no han participado en las manifestaciones, al resto no les puede engañar- que tanto el movimiento 15-M, como la huelga general del 29 de Marzo, como cualquier otro tipo de protesta pacífica, son organizadas y alentadas por radicales violentos, profesionales incluso, que pretenden echar por tierra el estado de derecho.
Tras las manifestaciones del 29 de Marzo, y como si fuera parte de un plan perfectamente trazado, hemos podido ver al Conseller d’Interior en diferentes medios de comunicación clamando por un endurecimiento de la ley en lo que a libertades se refiere, como consecuencia de las acciones violentas que como mucha gente ya ha calado, ellos mismos originan o fomentan.
Como veis, primero se fuerza la aparición del problema, la violencia urbana, y después se presenta la solución para satisfacer los anhelos de la derecha más radical: recortar las libertades estableciendo un totalitarismo que imposibilite la protesta ciudadana. El procedimiento, el mismo que en el aspecto económico, primero agudizar la crisis, y después ofrecer como solución el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
Aquí dejo un video que arroja algo de luz, publicado por un ex-sargento de la Guardia Urbana, ya jubilado, que participó tanto en los piquetes, pacíficos, como en la manifestación de la huelga del 29 de Marzo de 2012, exponiendo los hechos desde el punto de vista de una persona que conoce muy bien los entresijos de la labor policial en estos casos. También podeis visitar su blog haciendo click aquí.
Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Esta es la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española, del término nepotismo, a la que habría que añadir, aplicada a gobernantes y cargos públicos, lo que bien apostilla wikipedia en su explicación, sin tomar en cuenta la competencia de los mismos para la labor, sino su lealtad o alianza. En definitiva, una forma de “cleptocracia”, que sólo puede corresponderse con la actividad de un gobierno corrupto.
Pues bien, hace algunos días me llegaba a través del correo electrónico uno de esos mensajes cadena -puede que lo hayáis recibido- con una relación de cargos públicos y su parentesco con personajes relevantes del elenco político de los últimos años, en este caso vinculados al Partido Popular, aunque si preguntásemos a éstos por la cualificación de estas personas, se justificarían sin duda aludiendo a la coincidencia, y más que probablemente redactando una lista similar con vinculaciones a políticos del Partido ¿Socialista? (Algo, esto último, sin demasiado sentido, pues hace ya mucho tiempo que vienen demostrando ser un mismo grupo para la mayoría de aspectos, el PPSOE).
Aquí dejo la lista que nos ocupa (y preocupa). Cada cual que saque sus propias conclusiones. Hay que reseñar que en algunos casos, como los de hermano y marido de Mª Dolores de Cospedal, finalmente se renunció al cargo ante el ambiente creado con los nombramientos ya hechos (lo que no elude la intención nepotista).
NOMBRE
CARGO
PARENTESCO
Elisa Robles Fraga
Directora General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Sobrina de Manuel Fraga Iribarne.
Víctor Calvo Sotelo
Secretario de Estado de Telecomunicaciones
Hijo de Leopoldo Calvo Sotelo, ex Presidente del Gobierno
José Ramón Bujanda Sáenz
Presidente de SAECA empresa pública participada por la SEPI y el Ministerio de Agricultura
Cuñado de Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura
José Miguel Martínez
Presidente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) dependiente del Ministerio de Hacienda.
Concuñado de Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda
Ángeles Alarcó Canosa
Presidenta y Consejera Delegada de Paradores Nacionales
Ex mujer de Rodrigo Rato, ex Vice Presidente del Gobierno y Presidente de Bankia
Ricardo Cospedal García
Propuesto como Director de la Fundación Carolina (Renuncia tras el ambiente creado)
Hermano de María Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP y Presidenta de Castilla La Mancha.
Ignacio López del Hierro
Propuesto como Consejero de Red Eléctrica (Renuncia tras el ambiente creado)
Marido de María Dolores de Cospedal
Rafael Rodríguez Ponga
Propuesto para Secretario General del Instituto Cervantes. Mientras tanto continua de Diputado
Hermano de María Flavia
María Flavia Rodríguez Ponga
Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones
Hermana de Rafael Rodríguez Ponga
Alberto Nadal Belda
Vicesecretario de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la CEOE. Propuesto para ser Consejero de Red Eléctrica que tras hacerse público se ve obligado a renunciar.
Hermano de Alvaro Nadal Belda
Alvaro Nadal Belda
Director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno con rango de Secretario de Estado
Hermano de Alberto Nadal y casado con María Teresa Lizaranzu Perinat
María Teresa Lizaranzu Perinat
Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro
Casada con Álvaro Nadal Belda
Rafael Catalá Polo
Secretario de Estado en Fomento
Hermano de Raquel Catalá Polo
Raquel Catalá Polo
Delegada Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Hermana de Rafael Catalá Polo
José Canal Muñoz
Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Casado con Sonia Ramos Piñero
Sonia Ramos Piñeiro
Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo
Casada con José Canal Polo.
Carmen Gámir
Jefa de Prensa de la Secretaria de Estado de Presupuestos
Compañera sentimental de Alberto Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia
Marcelino Oreja Arburua
Nombrado Presidente de la Entidad Pública Empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
Hijo de Marcelino Oreja Aguirre, ex diputado y ex Ministro de Asuntos Exteriores.
Miguel Cardenal Carro
Presidente del Consejo Superior de Deportes
Hijo de Jesús Cardenal, ex Fiscal General del Estado con José María Aznar.
Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre
Asesor del Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz
Hijo de Esperanza Aguirre
María Zaplana Barceló
Asesora en la Secretaria de Estado de Turismo.
Hija del exministro Eduardo Zaplana
Iván de la Rosa
Letrado en el Área Jurídica de Telefónica
Marido de Soraya Saénz de Santa-María. Vicepresidenta del Gobierno.
Después de que el actual gobierno revelara que el único sector público que no iba a experimentar recortes iba a ser el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de enterarnos, hace unos días, de la nueva campaña de la Iglesia Católica, por iniciativa de la Conferencia Episcopal Española a través de las redes sociales, buscando despertar la vocación sacerdotal y prometiendo “trabajo fijo” para aquellas personas que finalmente decidan dar este paso, no dejo de ver la similitud con la sociedad europea del siglo XIX, reflejada a la perfección en la novela publicada en 1830, por el escritor francés Henri-Marie Beyle “Stendhal”, Le Rouge et le Noir (Rojo y negro), en alusión a los colores de los uniformes del ejército (rojo) y de los sacerdotes (negro).
El libro, narra los esfuerzos de su protagonista, Julien Sorel, de procedencia humilde, por ascender de condición social, en un primer momento a través del clero, iniciando carrera eclesiástica, y posteriormente pasándose a la carrera militar como caballero y teniente de caballería, consciente de que sendas vías eran la solución para una persona de su condición social.
El mensaje de “que no les falte de ná” al rojo y al negro, es más que claro, la analogía de los tiempos actuales con aquellos otros resulta evidente, confirmándose el salto atrás en el tiempo que pretende darse, con trabajos supeditados completamente al antojo de los poderosos, con la supresión de la soberanía nacional, y con la fusión de los tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- en uno solo, pudiendo comprobar recientemente, una y otra vez, que no son independientes.
En definitiva, reforzar las posiciones por una lado con la represión y por el otro infundiendo sentimiento de culpabilidad, como se hacía antaño. De vuelta al feudalismo, desmantelando todos los logros del siglo XX, llevándonos a peores condiciones de las que se vivían con Franco, salvo por que los tiempos han cambiado, y ahora vivimos en un panorama engañoso, en el que se convence a las personas por otros medios y con otros señuelos.
Analizando la situación de la unión europea, resulta lógico comprobar que algunos países no estén al mismo nivel que el resto, y es que no todo el que ha sacado, ha metido. Los países que han destinado las ayudas europeas a intereses particulares, sin ninguna apuesta clara por el futuro, con vista sólo al día siguiente, se encuentran ahora con las tasas más altas de paro y con una deuda imposible de saldar, adquirida únicamente por sus dirigentes, de ámbito nacional, regional, provincial o local. No ha sido el ciudadano de a pie el que ha vivido por encima de sus posibilidades, como cruelmente se le quiere hacer pensar. Los que han vivido, o viven, por encima de sus posibilidades son otros. Además, con las hipotecas de los ciudadanos, las espaldas de la banca están más que cubiertas, haciendo mayor negocio aún, cuando se incumplen los pagos. Después de cientos de miles de desahucios, tiene delito que ahora el gobierno sí decida dar luz verde a la dación en pago. Y encima de forma simbólica, pues está calculado al detalle el alcance de la medida. Resulta obvio quiénes son los verdaderos gobernantes.
En el caso de España, se ha estado disfrutando de las ayudas fundamentalmente desde el año 1990 hasta el año 2006, algo ya programado. En ese momento había que tener los deberes hechos, haberse comportado como hormiga y no como cigarra, y aquí hay que reseñar la desvergüenza del partido popular tratando de “cargar el muerto” exclusivamente al gobierno de Zapatero, que sólo disfrutó de dicho beneficio europeo por período de apenas dos años, mientras ellos gozaron del mejor panorama durante dos legislaturas completas, con el añadido de los ingresos obtenidos por la práctica sistemática de privatizar recursos estatales como Tabacalera o Telefónica -entre otros muchos-, que una vez en el sector privado, multiplicaban el valor de sus acciones. ¿Una mala gestión del gobierno de Aznar para los intereses del estado? Sabemos que no, al menos no para los que se autodenominan patriotas, y que se forraron de esta manera, para quebranto del resto de los españoles.
En este país no falta dinero, sobran “euroinómanos”, que desgraciamente se comportan como Toni Montana, y no ven el modo de saciarse. Necesitan que entren más euros y que salgan menos, un cambio ideológico que pretenden perpetuo, camuflado como una necesidad de gobierno temporal. Un retraso democrático, ya patente con la desfasada ley electoral y con la ausencia de participación ciudadana, que se agudiza ahora en la judicatura, llamando despolitizar, a nombrar a dedo por una sola parte, fusionando de nuevo lo que se presumían poderes independientes, imposibilitando la penalización de la corrupción, no persiguiendo el fraude fiscal de los poderosos, retornando las condiciones laborales a tiempos remotos, falseando de esta manera los principales argumentos para llegar al poder.
Mientras tanto, se nos acusa, a los que transigimos en contra de nuestra voluntad, de ser el enemigo, de ser intransigentes, solamente por manifestarnos. ¿Quién es verdaderamente intransigente? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el que no se comporta como español?
Si echamos la vista atrás, algo más de 3 meses, hasta el día de las elecciones (20-N), recordaremos las declaraciones de Mariano Rajoy tras hacerse oficiales los resultados de las generales, dirigiéndose en primer lugar al 69% de los españoles que no habían confiado en ellos: «quiero dirigirme a todos aquellos que hoy no nos han votado para decirles desde este primer momento que estoy plenamente dedicido a ser el presidente de todos y anteponer siempre, en toda ocasión, el interés general a cualquier interés particular. Que gobernaré al servicio de España y de los españoles, procurando que por ninguna circunstancia nadie se sienta excluido de la tarea común.»
A tenor de estas palabras, y teniendo en cuenta la situación de crisis económica, resulta cuando menos curioso, constatar 10 días después, en el B.O.E. del 31 de Diciembre de 2011, que una de las primeras medidas para «ser el presidente de todos, anteponer el interés general y gobernar al servicio de los españoles», fuera la de aumentar más de un 1.000% el presupuesto anual para la adquisición de artificios lacrimógenos y fumígenos por el Ministerio del Interior, destinando 1.488.570 euros a tal fin. Si a esto le sumamos los recortes que se van haciendo públicos, las desproporcionadas respuestas de las fuerzas de seguridad del estado a las manifestaciones pacíficas, con apaleos y arrestros incluso a menores de edad, y la exagerada publicidad que se da desde los medios de comunicación más conservadores a la “agitación” de la calle y a la supuesta actividad terrorista, se completa la flagrante provocación por parte del gobierno y los suyos.
Por supuesto hay también que recordar, que antes de obtener el gobierno central, ya se habían encargado de dejar vacías las arcas de las comunidades en las que ya gobernaban, con la triple intención de favorecer los negocios de sus afines con la administración, agudizar la crisis para lograr el poder, y tener margen de mejora en el futuro. Además, mientras han estado en la oposición, han tenido plena libertad para gastar en sus regiones, endeudándose hasta el máximo posible con la tarjeta de crédito de todos, y dejando a la empresa privada inflada y a la administración pública sin recursos -nos dicen-, para lo que ellos no necesitan, la educación y la sanidad públicas.
La manipulada democracia existente -ya hay quien habla, no sin razón, de ausencia de la misma o dictadura encubierta-, nos ha llevado a que un 31% de los españoles pueda gobernar con una holgada mayoría absoluta al 69% restante, con expectativas muy distantes de las pretensiones de ese 31%. La lógica, nos dice lo mismo que manifestó Rajoy con aquella declaración, que se debería tener muy presente a ese 69% para un adecuado desarrollo de la legislatura. Pero, como bien dice el refrán, del dicho al hecho, va un trecho. Las concesiones resultan ser propaganda barata, y la realidad es que se quiere hacer pagar la deuda adquirida por unos pocos y que encima no tributan lo suficiente, al resto, que no han disfrutado más que de la calderilla de aquel dinero prestado y que no tienen escapatorias para “defraudar legalmente”.
Colocar más peso sobre unos cimientos que no son sólidos, nunca ha sido ni será constructivo. Este injusto sistema se desmorona por sí solo, y tarde o temprano caerá, solo que si dejamos que coloquen más peso, la caída será peor. En el fondo ellos lo saben, y de ahí el miedo que se hace patente cuando se infiltran en asambleas, manifestaciones y redes sociales para averiguar lo que sabemos y lo que vamos o estamos dispuestos a hacer. El mismo miedo que les lleva a tratar de prender la mecha desde dentro, para provocar reacciones violentas que puedan justificar sus atropellos. Una continua provocación para procurar el sometimiento por la fuerza, negándose a aceptar algo que terminará viéndose como evidente. De ellos sólo podemos esperar cobardía, miedo a nuestros ideales, o lo que es lo mismo, violencia. Lo último que hay que hacer es seguirles el juego, pues además, con la violencia, tienen todas las de ganar. Antes o después, continuando el imparable despertar ciudadano, la solución aparecerá. Mientras tanto, a seguir haciéndose oir en todos los ámbitos y a combatirles inteligentemente en el aspecto económico.
Mariano Rajoy Brey (25 Feb. 2008): «Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Quiero se pueda pasear por todo el mundo sin complejos, porque sabrá idiomas y porque tendrá un título profesional que se cotize en todo el mundo. Quiero que sea un heraldo de la libertad, de la tolerancia y de los derechos humanos porque habrá crecido en libertad y no tendrá miedo a las ideas de los demás y habrá aprendido a respetar a todos los que respetan la ley. Quiero que sienta un hondo orgullo por ser española, por pertenecer a esa nación tan vieja, tan admirable que le habrá ofrecido las mejores oportunidades, pero que habrá sabido ser exigente con ella para convertirla en una mujer madura y responsable.»
¿Recordais aquel debate electoral donde Rajoy hablaba de la niña que quería para España? En realidad era una niña que ya estaba presente en nuestra sociedad, con el esfuerzo de todos durante muchos años. Sin embargo, con apenas 3 meses de mandato de Mariano Rajoy, la niña ya no es la misma, y ahora es golpeada y arrastrada literalmente por el suelo, por defender su futuro manifestándose en contra de un modelo educativo que deriva los recursos de la enseñanza pública hacia la privada, y que fomenta la segregación, diseñando un panorama laboral con pasarela a la empresa privada para unos y condenando a la precariedad de los empleos menos agradecidos o al paro al resto.
En mi opinión, hacer creer al electorado que se encaminarán las decisiones en una dirección y tras lograr el poder, hacer lo contrario, constituye una evidente falta de respeto, no sólo a la sociedad española, sino a la ley misma, pues se rompe el compromiso con la ciudadanía. Y si te manifiestas pacíficamente, y tus reivindicaciones, que no van más allá de las promesas políticas, son desoídas una y otra vez, y encima te apalean, ¿debes seguir respetando a quienes no han respetado la ley? La respuesta ya nos la dio el mismo Rajoy, «respetar a todos los que respetan la ley».
Pues bien, la protesta pacífica liderada por los chavales del I.E.S. Lluís Vives de Valencia para pedir una escuela digna, fue disuelta a golpes por los de siempre, como en los últimos meses, solo que en esta ocasión se trataba de críos de entre 12 y 17 años. Las justificaciones políticas y policiales han sido las que sólo se pueden esperar de gente sin escrúpulos y sin vergüenza: hubo violencia en las protestas estudiantiles, la izquierda ha agitado la calle, España no puede ser Grecia, UGT ha jaleado a sus afiliados, se produjeron excesos del lado de los manifestantes que no eran estudiantes sino radicales violentos, si el enemigo ataca hay que responder, …
Tampoco han pasado desapercibidas las declaraciones de la alcaldesa de Valencia, con ese odioso empeño en encasillar en “la izquierda” cualquier iniciativa ciudadana, pese a provenir de chavales sin edad para votar ni para tener definida una posición política. No se trata de posicionarse en “la izquierda” o en “la derecha” como pretende Rita Barberá, sino de mantener el sentido común en todo momento, sin dejarse arrastrar por intereses particulares.
Nos han engañado diciendo que iba a producirse un cambio, pero en realidad se está reforzando la misma estrategia, más cruel todavía, por la fuerza, privándonos paulatinamente de los logros sociales y llevando hasta el extremo el negocio de las necesidades básicas. Nos dicen que la situación era insostenible, pero sabemos que no. El problema era y es, única y exclusivamente, la insolaridad de un sector reducido, que no sólo destinan los fondos públicos al favorecimiento de sus empresas (con construcciones faraónicas, innecesarias y desproporcionadamente costosas, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el aeropuerto de Castellón, Terra Mítica, o eventos como la fórmula 1 y las regatas, que sólo terminan rentando a los amigos de Zaplana, Camps, Fabra y Barberá), sino que se endeudan hasta el máximo posible -con nuestra tarjeta de crédito-, cuidándose además de que los beneficios de la empresa privada no se vean mermados tras su paso por el erario, con escapatorias que sitúan «a esa nación tan vieja y tan admirable» en los últimos puestos del ranking de porcentaje tributado.
¿Cómo pretenden que los estudiantes del Lluís Vives y del resto de colegios e institutos públicos de España permanezcan en silencio viendo el panorama? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para la educación de nuestros hijos si queremos que el día de mañana encuentren trabajo? ¿Cómo se puede retener en comisaría y tratar como delincuentes a chavales que luchan pacíficamente por su futuro? ¿Por qué no se exigen dimisiones con esta sinrazón? ¿Tenemos que transigir con un gobierno que ampara a quienes agreden a nuestros menores? Y si los chavales son el enemigo, ¿quiénes son los niños de Rajoy?
Ese es el balance que ha arrojado el enfrentamiento en el Tribunal Supremo, de la trama vinculada al Partido Popular denominada Gürtel (correa, en alemán), y el juez Baltasar Garzón. 11 años de inhabilitación para Garzón -además de una multa y las costas del proceso- es lo que han conseguido los colaboradores durante años en campañas, actos y proyectos de los que ahora nos gobiernan. Mientras tanto, dos de los tres cabecillas de la trama ya se encuentran en la calle tras abonar las fianzas rebajadas a un total de 140.000 euros.
El encausamiento a Garzón, fundamentado en la intervención de las conversaciones de los tres cabecillas, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez mientras se encontraban en prisión -para prevenir que se pudieran esfumar rastros de los delitos-, ha concluido con una sentencia de 68 folios, en la que en ningún momento se dice cuál es el daño producido en el derecho de defensa, y que pone de manifiesto lo que el mismo Garzón ya vaticinó hace meses cuando se refirió al juicio con alusiones como «condena predeterminada» o «sentencia anunciada». Y es que a pocas personas escapa el hecho de que el triple encausamiento al ex-magistrado no es casualidad, siendo más que sospechosa la presencia de los jueces Manuel Marchena y Luciano Varela, que se han significado como instructores de los otros dos procesos contra Garzón.
En lo que se refiere al trabajo de Garzón durante todos estos años, cabe destacar su determinación en la lucha contra el crimen y la delincuencia en todos sus rostros, siendo pionero en actuar contra el entorno de ETA, en desarticular grandes tramas del narcotráfico y en aplicar el principio de justicia universal para investigar crímenes de regímenes dictatoriales, consiguiendo desquiciar a terroristas, narcotraficantes, dictadores, al PP ahora, y en su momento al PSOE con el caso de los GAL.
Con la investigación del caso Gürtel, ha logrado sacar de la política a una veintena de dirigentes del Partido Popular que participaron en el saqueo de fondos públicos. Lamentablemente no le dejan llegar más lejos, y tendremos que esperar para saber qué ocurre con la posible financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Galicia, de Castilla y León y del Partido Popular nacional, con nombres ilustres asomando como el de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar.
Es evidente que Garzón no deja indiferente a nadie, suscitando pasiones en los que se sienten discriminados y enardeciendo los ánimos de quienes aprueban, aplauden o conviven con la corrupción. En cualquier caso, continúa rompiendo moldes, y a su carrera hay que añadir ahora una nueva marca, la de ser el primer juez condenado por ordenar intervenir unas comunicaciones. A pesar de ello, enhorabuena y gracias, ya que de otra manera no hubiera habido evidencia de actos delictivos en la trama, quedando los Correa, Crespo y Sánchez en la misma posición que Francisco Camps y Ricardo Costa, tras el veredicto de un jurado popular. Sin embargo, la verdad aparece ahora por sí misma cuando se da a entender que los acusados ven neutralizada toda posibilidad de defensa con confesiones autoincriminatorias. Precisamente Garzón dispuso una cláusula en la que se decía que las comunicaciones con los abogados defensores no podrían ser utilizadas, ni tenidas en cuenta. ¡Es el propio Tribunal Supremo el que evidencia con este proceso y públicamente la culpabilidad de los acusados!
¡Ay Pinochet! Si hubieras nacido español… Te hubieras ido con la conciencia más tranquila y en las televisiones hubieran pasado una y otra vez los especiales sobre tu admirable vida.
Algunos sitios de referencia para apoyar a Baltasar Garzón:
A continuación, algunas de las posturas -compartidas por PP y PSOE- que nos dan un idea clara de cuáles son las intenciones de los dirigentes políticos -vinculados flagrantemente a los intereses privados-, y de cuál va a ser el futuro que nos espera. Al mismo tiempo, nos alertan de que efectivamente se va a producir un cambio, como se nos había prometido, pero no el cambio que todos esperábamos, sino más bien un cambio de ritmo.
– Reducción de fondos y personal en la educación y la sanidad públicas.
– No a la reducción de cargos políticos y fuerzas de seguridad del estado.
– Aumento de la jornada laboral y los años de cotización a la Seguridad Social.
– No a la supresión de sueldos vitalicios.
– No a la investigación exhaustiva del fraude fiscal.
– Mantenimiento de escapatorias fiscales.
– Legalidad para operar fraudulentamente.
– Tratos de favor a la banca, SICAV’s, …
– No a la dación en pago.
– No a la reforma de la ley electoral.
– Inyección continua de fondos para la educación privada -¿privada, con fondos públicos? ¿mientras se recortan los fondos para la educación pública?-.
– Inyección continua de fondos a la Iglesia Católica -¿para cuándo su autofinanciación?-.
– Sumisión absoluta a los mercados europeos no anteponiendo las necesidades de la ciudadanía con la tasa de paro más alta de toda Europa.
En definitiva, un exagerado interés en el mantenimiento -y reforzamiento- del devastador sistema capitalista actual, que tanta desigualdad genera, y que ahora pretende llevarse por delante los envidiables logros sociales de la sociedad española.
Pero, ¿cuánto esta dispuesto a soportar el ciudadano? ¿Dónde está el límite? Supuestamente los dirigentes deberían haber tomado nota de lo que el ciudadano le transmitió, de forma masiva, el 15 de Mayo de 2011, y comprender que ese límite ya se ha traspasado. Sin embargo, y lejos de escuchar el grito de auxilio de los españoles, los gobernantes han decicido apretar el acelerador, cambiar de ritmo sin variar el sistema, probablemente en la creencia de que es posible exprimir más a los ciudadanos para aumentar la productividad, sin perjuicio para los estatus sociales preferentes.
